Hoy, martes 10 de junio de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó por unanimidad la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, dictada originalmente en diciembre de 2022 en el marco de la causa denominada “Vialidad”. El fallo, firmado por los tres jueces —Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti—, desestimó el recurso presentado por la defensa, enfatizando que se respetaron todas las garantías del debido proceso.
La sentencia establece una pena de 6 años de prisión efectiva, así como la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. También respalda la absolución previa de cargos por asociación ilícita.
Por su edad (72 años), Cristina Kirchner tiene la opción de solicitar arresto domiciliario, según la normativa vigente. No obstante, el tribunal superior ordenó al Tribunal Oral Federal 2 que proceda con la ejecución de la sentencia en los próximos días.
El fallo también convierte a Cristina Kirchner en la primera exmandataria formalmente condenada por corrupción en Argentina. La condena confirma maniobras irregulares de adjudicación de obras públicas a favor de empresas afines, como las vinculadas a Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.
Como consecuencia, la exvicepresidenta queda proscripta de las elecciones legislativas de septiembre en la provincia de Buenos Aires, tal como anunciara antes del fallo.
La noticia ha generado reacciones diversas: el presidente Javier Milei festejó la decisión judicial como un acto Justicia. Mientras Cristina Kirchner denuncia una “persecución política” y anuncia que su encarcelamiento será “un certificado de dignidad”.
¿Qué sigue?
- El Tribunal Oral Federal 2 deberá notificar a Cristina Fernández de Kirchner y definir la modalidad en que cumplirá la pena: cárcel común o domiciliaria.
- La condena impacta fuertemente en el escenario político: el peronismo deberá reorganizarse sin su figura central, y el resultado puede afectar seriamente las perspectivas electorales lideradas por Javier Milei como presidente.
Este fallo representa un hito judicial y político en Argentina, cuyas repercusiones se harán sentir durante el proceso electoral y la vida institucional del país.
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