En una extensa sesión que se extendió por más de diez horas, el Senado de la Nación dio media sanción al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa, impulsada por el Gobierno, obtuvo 37 votos a favor y 33 en contra, pero para lograr este resultado, el oficialismo debió retirar los artículos más controversiales del proyecto original, que desataron una fuerte oposición social y política [citation:1][citation:2].
El polémico capítulo de la tierra
El punto más álgido del debate giró en torno al capítulo que proponía modificar la Ley de Tierras (26.737), sancionada en 2011. Esta normativa establece un límite del 15% para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros a nivel nacional, provincial y departamental [citation:9][citation:13]. El proyecto original del Ejecutivo buscaba eliminar estas restricciones para atraer inversiones, pero tras el rechazo de aliados y gobernadores, el gobierno ofreció elevar el tope al 25%. Finalmente, ante la falta de consensos y la convocatoria a una masiva protesta ciudadana, el oficialismo decidió retirar por completo el capítulo III del proyecto que modificaba la ley de tierras [citation:7][citation:11].
Según un informe del Observatorio de Tierras del CONICET y la UBA, en la actualidad casi el 5% del territorio nacional (más de 13 millones de hectáreas) se encuentra en manos de extranjeros, una superficie equivalente a la provincia de Santa Fe o a todo el Reino Unido. El principal comprador es Estados Unidos (2,7 millones de hectáreas), seguido por Italia (2,3 millones) y España (2,2 millones) [citation:3][citation:4]. La situación es crítica en algunos departamentos de provincias como Salta, Misiones o Neuquén, donde la presencia de capitales foráneos supera el 50% del territorio, en zonas que concentran recursos estratégicos como el litio y el agua [citation:3][citation:4].
¿Qué cambios introduce la ley aprobada?
A pesar de la eliminación del capítulo sobre tierras, el proyecto de ley mantiene modificaciones de peso en el régimen de propiedad privada que generan controversia:
- Agilización de desalojos: Se establece un procedimiento judicial más expedito para que los propietarios recuperen sus inmuebles, permitiendo en algunos casos la restitución antes de que finalice el juicio [citation:1].
- Endurecimiento de expropiaciones: La iniciativa modifica la Ley de Expropiaciones (21.499), dificultando la intervención del Estado sobre una propiedad privada y ampliando los conceptos indemnizatorios, lo que podría encarecer las obras públicas [citation:1][citation:2].
- Modificación a la Ley de Manejo del Fuego: Aunque también fue retirado en la versión final, originalmente se buscaba eliminar el plazo de 30 años que impide utilizar un terreno que fue bosque nativo y sufrió un incendio [citation:7][citation:14].
Reacciones y contexto
El debate evidenció la fractura en el arco político. Mientras el oficialismo, a través de la senadora Patricia Bullrich, defendió la iniciativa como un paso necesario para fortalecer la seguridad jurídica y el derecho constitucional a la propiedad privada, la oposición, liderada por el peronismo, calificó el proyecto como un «robo» y una «venta de la soberanía» que favorece a los grandes capitales en detrimento de los intereses nacionales [citation:2][citation:8].
En este contexto, diversas organizaciones sociales, sindicales y referentes de la cultura se movilizaron frente al Congreso para rechazar la ley, argumentando que atenta contra el acceso a la tierra, la vivienda y el control de los recursos naturales. Los incidentes entre manifestantes y fuerzas de seguridad dejaron al menos 12 personas detenidas [citation:2][citation:8].
La cuestión de los grandes terratenientes
El debate sobre la ley trajo nuevamente a la luz casos emblemáticos de extranjerización, como el del grupo textil italiano Benetton, propietario de 900.000 hectáreas en la Patagonia, o el del empresario inglés John Lewis, cuya posesión de tierras ha sido cuestionada por el cerco que impide el acceso público a lagos y caminos [citation:4].
En resumen, el Senado aprobó un proyecto de ley que modifica el marco legal de la propiedad privada, pero que dejó afuera el capítulo más polémico sobre la compra de tierras por extranjeros, un tema que continuará generando debate en la agenda pública y legislativa.
Fuente: Análisis basado en información de medios nacionales e internacionales, y declaraciones de los protagonistas del debate.
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