Lucas Cerioni, representante legal de los 10 trabajadores despedidos, detalló en Cadena Melodías las medidas judiciales tomadas, denunció ventas fraudulentas y explicó por qué el violento incidente del miércoles marcó un punto de no retorno en el conflicto.
Tras el dramático testimonio de José María Bruno, el ex empleado agredido con un tractor, Cadena Melodías dialogó con su abogado, Lucas Cerioni, quien profundizó en el marco legal del conflicto en la firma «Enzo y Hugo Reinaudo» de Río Cuarto. El letrado confirmó el fin de la guardia que los trabajadores mantenían hace 40 días, detalló las órdenes de embargo preventivo obtenidas y anunció denuncias penales por venta fraudulenta contra la empresa.
40 días de custodia extrema y un desenlace violento
Cerioni describió la penosa situación que vivieron los ex empleados: «Están hace 40 días custodiando los bienes en una condición realmente insalubre… imagínense el rayo del sol con estos calores, ha sido muy duro». Ese sacrificio terminó abruptamente el miércoles con el ataque a Bruno. «Lo de ayer fue la frutilla que coronó el postre… para nosotros es un límite. La guardia terminó ayer», sentenció el abogado, marcando un punto de inflexión tras el hecho que rozó la tragedia.
Embargos preventivos y una carrera contra el tiempo
El estudio legal logró obtener dos órdenes de allanamiento y embargo de dos juzgados laborales de Río Cuarto, trabando cerca del 70% de los bienes (tractores y herramientas) que quedaban en el predio. Sin embargo, se produjo una maniobra desesperada: «Minutos antes que llegara la oficial de justicia, ingresaron tres personas a retirar tractores». Uno de esos vehículos fue el que embistió a José María Bruno. Cerioni adelantó que presentarán denuncias penales por venta fraudulenta, ya que la empresa habría vendido tractores a un productor de San Basilio después de haberlos puesto como garantía para el pago a los trabajadores.
Un caso de mala administración, no de crisis sectorial
El abogado hizo una importante distinción: «Esto no es un producto del nuevo gobierno, ni mucho menos. Esto es un desmanejo por parte de la empresa». Subrayó que los trabajadores, muchos con 20, 30 y hasta 40 años de antigüedad, «se lo han advertido, hace un año por lo menos, que el nuevo manejo era desastroso». La responsabilidad, aseguró, recae en los administradores y directivos de la firma. «Lo único que queda son los tractores», explicó, describiendo la presión de prestamistas que deben sumas millonarias.
El camino legal que sigue
Con los bienes cautelados y la integridad física de sus representados puesta en riesgo, la estrategia legal se centra ahora en las denuncias penales. Cerioni también mencionó la figura de los actuales responsables como «depositarios judiciales», advirtiendo: «Espero que no sean depositarios judiciales infieles, porque si no, tendremos problemas ahí con la parte penal». El objetivo final sigue siendo que los diez ex empleados cobren sus indemnizaciones y salarios adeudados desde junio.
Este caso ha expuesto la vulnerabilidad extrema de los trabajadores frente a una mala administración empresarial y la desesperación de los acreedores. La justicia ordinaria es ahora el único ámbito para resolver un conflicto que desbordó toda posibilidad de diálogo.
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