Trabajadores de la ANSV rechazan el Decreto 461/2025 y defienden la continuidad de un organismo clave en la prevención de siniestros viales.
La decisión del Gobierno nacional de cerrar la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), dispuesta mediante el Decreto 461/2025, generó una fuerte reacción por parte de los trabajadores del organismo, quienes advirtieron que la medida implica un grave retroceso en materia de seguridad vial y una amenaza directa para la vida de miles de personas en el país.
Creada en 2008 por la Ley Nº 26.363, la ANSV es un organismo civil, técnico, autárquico y autofinanciado —se financia con el 1% de los seguros automotores y no depende del presupuesto nacional— cuya misión es clara: reducir la siniestralidad vial en todo el territorio argentino. Según sus trabajadores, desde su creación logró una disminución significativa de víctimas fatales en siniestros viales, pasando de 5.361 muertes en 2008 a 3.894 en 2024.
Un organismo con resultados concretos
Durante 2024, la ANSV ejecutó más de 70.000 operativos —un 18% por encima de lo planificado— y controló más de 3 millones de vehículos, superando ampliamente sus metas. Además, labró más de 20.000 actas por alcoholemia, con unas 18.000 licencias retenidas. Todo esto, con equipamiento propio, personal capacitado y un sistema de control auditable a través de plataformas como SIGO, URBETRACK, SINAI y SIGISVI.
Entre sus funciones clave, se destacan los controles de velocidad y alcoholemia, operativos federales junto a provincias y municipios, campañas de concientización, auditorías técnicas, y la implementación de la línea 149 para la asistencia a víctimas de siniestros viales. También administra el scoring nacional de licencias y lleva adelante el Observatorio de Seguridad Vial.
Una estructura difícil de reemplazar
Según expresan los trabajadores de la ANSV, la decisión de trasladar sus funciones a la Gendarmería Nacional carece de sustento técnico y legal. Señalan que la fuerza de seguridad no cuenta con el equipamiento homologado, ni con la capacitación específica para tareas de fiscalización vial. Además, remarcan que Gendarmería solo participa en el 6% de los operativos que realiza la ANSV, y su rol es estrictamente de custodia y presencia preventiva, sin potestad para labrar actas en la mayoría de las jurisdicciones.
“La ANSV no es Vialidad Nacional. Nosotros no hacemos rutas, salvamos vidas con tecnología, prevención y políticas públicas”, subrayan en el comunicado.
Críticas al informe de Gendarmería
El decreto que dispone la disolución de la ANSV se apoya en un informe presentado por la Gendarmería Nacional (NO-2025-72926321-APN-DIGEOP#GNA), el cual, según denuncian desde la Agencia, contiene datos erróneos y tergiversaciones.
Entre otras inconsistencias, el informe cita normativa anterior a la creación de la ANSV y afirma tener una participación operativa del 80%, cuando en realidad su intervención es mínima y marginal.También aseguran que la asistencia que brinda Gendarmería representa apenas el 2% de los operativos totales, con un impacto económico del 3% sobre el costo operativo mensual, desmintiendo el argumento del “desgaste operativo”.
Un modelo reconocido y eficiente
Con 42 bases operativas distribuidas en todo el país, flota propia, tecnología de fiscalización, y articulación con gobiernos provinciales y municipales, la ANSV ha logrado consolidar una política pública eficaz, federal y reconocida. “No es un gasto. Es una inversión en vidas”, afirman sus trabajadores.
El comunicado concluye con una advertencia firme: cerrar la ANSV es desmantelar una política pública exitosa, que no le cuesta dinero al Estado, y que cumple con estándares internacionales en materia de prevención vial. “La seguridad vial no es un capricho burocrático, es una defensa activa del derecho a la vida”.
Firmado por los trabajadores y trabajadoras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el documento es un llamado urgente a revertir la medida y preservar un organismo que, según indican, salva más de 1.400 vidas al año.