En una entrevista exclusiva con Cadena Melodías, el Ministro de Justicia y Trabajo de la provincia de Córdoba, Julián López, brindó detalles fundamentales sobre el proyecto de «Ley Joaquín» presentado ayer por el gobernador en la legislatura, y analizó el debate nacional sobre la baja de la edad de imputabilidad.
Durante la charla con el periodista Maximiliano Azcurra, el Ministro destacó el rol crucial de la lucha de Mariela y Martín Sperani, padres de Joaquín, cuya historia conmocionó a la provincia y fue el motor para que el Ejecutivo tome la iniciativa. «Creo que la lucha que han dado en nombre de Joaquín ha sido escuchada y ha permitido implementar cambios necesarios para que la sociedad sienta que detrás del delito no hay impunidad», expresó López.
¿Qué es la Ley Joaquín y cómo funcionará en Córdoba?
El Ministro explicó que el proyecto, ya ingresado en la Legislatura, va más allá de una simple adhesión a la ley nacional. Es una adecuación integral del Código Procesal provincial que busca darle a la víctima un rol protagónico en el proceso penal.
Entre los puntos más relevantes, se encuentra la modificación del artículo 91 del código de procedimiento, que actualmente impide que una familia se constituya como querellante si el victimario es menor o inimputable, tal como le sucedió a los Sperani. «Esto va a permitir que la familia sea escuchada, que tenga acceso a la causa, a las pruebas, y que pueda opinar incluso durante el cumplimiento de la pena», detalló el funcionario.
López también adelantó que Martín y Mariela Sperani participarán en las comisiones legislativas para contar los obstáculos que enfrentaron, evitando así la revictimización de otras familias en el futuro.
Posición sobre la baja de la edad de imputabilidad
En cuanto al debate que se trata a nivel nacional y que ya tiene media sanción en Diputados, el Ministro confirmó que los legisladores cordobeses acompañan la iniciativa, pero hizo hincapié en la necesidad de un abordaje integral.
«No se trata solamente de meter preso a un menor», aclaró López. «Hay que preparar todo un sistema. La política pública debe ir sobre las causas del delito. Si un chico de 14 años comete un delito menor y el Estado no interviene de forma eficiente, el riesgo es que termine en un hecho gravísimo tiempo después».
El Ministro destacó que el nuevo régimen debe mantener la especialidad de la justicia penal juvenil, con penas escalonadas, justicia restaurativa y valoración interdisciplinaria. «Tenemos que tener herramientas para reencauzar conductas, complementado con políticas de educación, inclusión laboral (como el programa Primer Paso) y prevención de adicciones», concluyó.
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