El Gobierno nacional ha puesto en marcha una serie de medidas que impactan directamente en la estructura cultural del país. Mediante los decretos de necesidad y urgencia (DNU) 345 y 346/2025, se impulsa la disolución de organismos culturales históricos, entre ellos el Instituto Nacional del Teatro (INT), y la degradación de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip), una institución con raíces en la gestión de Domingo Faustino Sarmiento. Esta iniciativa ha desatado un fuerte rechazo por parte de la oposición parlamentaria y de diversas figuras del ámbito artístico.
La decisión gubernamental, que se sentía como una amenaza latente desde hace tiempo, vuelve a poner en tensión a un sector ya golpeado desde la asunción del presidente Javier Milei. Las medidas son impulsadas por el ministro de desregulación y transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli.
Supresión y reestructuración de organismos clave.
El anuncio de «cierre, centralización y fusión de organismos» por parte del vocero Manuel Adorni acarrea consecuencias para una extensa lista de espacios. Entre los principales afectados se encuentran el Instituto Nacional del Teatro (INT) y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip).
El Instituto Nacional del Teatro, creado por la Ley 24.800 en 1997, es un organismo fundamental para el desarrollo teatral del país. Se encarga de subsidiar obras, giras, festivales, infraestructura y formación en todo el territorio nacional, con un énfasis particular en el desarrollo regional y en el apoyo a las salas independientes. El INT ha estado en el ojo de la tormenta desde fines de 2023, cuando la «Ley Ómnibus» ya proponía su eliminación. Desde principios de 2024, sus fondos han estado congelados, los pagos adeudados y los programas paralizados.
El DNU 345/2024 avanza en su desmantelamiento al desfinanciarlo, convertirlo en una «unidad organizativa» de la Secretaría de Cultura, y disolver su consejo de dirección y la representación provincial. En su lugar, se creará un consejo asesor con carácter ad honorem. Federico Brunetti, hasta ahora subsecretario de Promoción Cultural, asumirá como director nacional del organismo, en reemplazo de Mariano Stolkiner. La comunidad artística denuncia que el gobierno de Milei ha vaciado presupuestariamente al INT y lo ataca discursivamente por su supuesta «ineficiencia», en línea con una política de «demolición sistemática del sistema cultural público».
La Conabip, por su parte, es un pilar en el fomento de la lectura y el apoyo a miles de bibliotecas populares en todo el país. Su degradación es percibida como un golpe a la accesibilidad cultural y a la descentralización del conocimiento.
Reacción del sector y justificación oficial.
La decisión generó un fuerte rechazo en distintos ámbitos. La diputada Margarita Stolbizer expresó en redes sociales que “Milei y su banda de iletrados quieren un país sin cultura, sin memoria, sin libros, sin teatros y sin historia”. Agregó que los DNU «pretenden disolver organismos culturales históricos, degradan la Conabip creada por Sarmiento, convierten institutos nacionales en oficinas obedientes de su gobierno», concluyendo que «la patria no se construye quemando bibliotecas ni callando teatros. Se construye con memoria, libros, ideas y diversidad».
Desde el ámbito artístico, el actor Gabriel «Puma» Goity, al recibir una estatuilla de Oro en la fiesta de los Martín Fierro, defendió el Instituto Nacional del Teatro, sumándose a las voces que denuncian el vaciamiento. Goity afirmó que su cierre sería «una pena» y sentenció: «Si no tenés cultura, salud y educación digna, es muy difícil pensar en libertad”.
Los decretos 344, 345, 346 y 347/2025 forman parte de una reestructuración profunda que, según Federico Sturzenegger, implicará la disolución, fusión y transformación de más de 40 organismos públicos. El Gobierno justifica estas medidas con el propósito de «reducir duplicaciones, eliminar gastos superfluos y poner fin a décadas de ‘despilfarro, descontrol y expansión injustificada de estructuras estatales'».
La justificación oficial invoca un «crecimiento sostenido del aparato estatal en las últimas décadas», señalando que desde 1983 la cantidad de organismos descentralizados y desconcentrados creció más del 150%, sumando hoy 111 órganos de gobierno que emplean a más de 80.000 agentes, lo que representa el 48% del personal de la Administración Pública Nacional. Se destaca que, desde 2010, la dotación de estos organismos creció un 148%, mientras que la administración central aumentó solo un 33%. Además, el Gobierno remarca la existencia de más de 5.600 unidades organizativas y casi 700 autoridades superiores solo en estos entes, más del doble que en el resto de la administración.
