El concejal Matías Trobatto, del bloque Somos Laboulaye, presentó un proyecto de ordenanza que busca implementar un control obligatorio de consumo de drogas ilegales para todos los funcionarios públicos del municipio. La iniciativa se apoya en la Ley Provincial 10.954 y ya genera debate en la ciudad.
🔍 ¿En qué consiste el proyecto?
La propuesta establece que todos los funcionarios públicos —incluyendo al intendente, concejales, tribunos de cuentas, secretarios, subsecretarios, directores y responsables de áreas descentralizadas— deberán someterse a un análisis de orina con reactivo para detectar la presencia de cannabinoides y cocaína.
El control no es invasivo: se realiza mediante una muestra de orina y no requiere extracción sanguínea. Según lo planteado, cada funcionario deberá costear su propio test, cuyo valor oscila entre los $40.000 y $60.000, y realizarlo dos veces al año.
📜 El respaldo legal: la Ley 10.954
El proyecto toma como base la Ley Provincial 10.954 de Seguridad Pública y Ciudadana de Córdoba, sancionada hace algunos años, que en su artículo 66 establece que todos los funcionarios públicos provinciales deben someterse a estos análisis.
«Es una ley que ya se está cumpliendo en Córdoba. Nosotros pedimos la adhesión del municipio en 2024, pero quedó cajoneada. Ahora volvemos a impulsarla», explicó Trobatto.
🗣️ «Los funcionarios debemos dar el ejemplo»
En diálogo con Cadena Melodías, el concejal fundamentó la iniciativa en la responsabilidad que implica ocupar un cargo público:
«Los funcionarios públicos somos los que debemos dar el ejemplo. Las decisiones que tomamos cada vez que votamos una ordenanza o impartimos una directiva terminan afectando a toda la sociedad. Por eso necesitamos gente idónea, consciente y coherente.»
Trobatto también remarcó que el consumo de drogas atraviesa todos los niveles sociales, económicos y barriales, y que las instituciones no están exentas de esta problemática.
⚖️ Sanciones previstas
En caso de dar positivo, el proyecto plantea:
- Suspensión del sueldo como primera sanción.
- Derivación al área de salud para acompañar y tratar la posible adicción.
📅 ¿Cómo y cuándo se realizarían los controles?
La propuesta establece que el primer test se realice entre el 1° de enero y el 31 de marzo de cada año. La fecha del segundo quedará a criterio del Departamento Ejecutivo, que podrá reglamentarlo con fechas fijas o de manera aleatoria. Los funcionarios en ejercicio tendrían un plazo de 45 días para presentar el certificado negativo.
🗳️ El futuro del proyecto
El concejal se mostró optimista: «Ojalá salga ahora, aceptamos dialogar con el oficialismo para introducir modificaciones. Si no es este año, será en el próximo gobierno, pero tarde o temprano Laboulaye va a adherir a esta ley».
💬 ¿Qué opinás vos?
La iniciativa abre un debate necesario: ¿deben los funcionarios públicos someterse a este tipo de controles? ¿Es una medida ejemplificadora o invasiva? Te invitamos a dejar tu opinión y compartir esta nota.
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