Tras un intenso debate en el Congreso y su reciente promulgación por el Ejecutivo, la nueva Ley Penal Juvenil ya está en vigencia en Argentina. El abogado Marcelo Torres pasó por el streaming de Cadena Melodías para desmenuzar los puntos clave de esta modificación histórica que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
¿En qué consiste el nuevo régimen?
La norma, denominada oficialmente Ley Penal Juvenil, modifica el régimen anterior estableciendo que los menores de 14 a 16 años ahora son sujetos imputables penalmente. «Antes, un chico de 14 años cometía un delito, por más aberrante que fuera, y no pasaba nada. Lo buscaba su papá y se iba a su casa. Hoy eso cambia radicalmente», explicó Torres durante la entrevista.
El especialista aclaró que la ley no solo tiene un fin punitivo, sino que está inspirada en la búsqueda de la reinserción social del menor, en línea con la Convención de los Derechos del Niño, que tiene rango constitucional en Argentina. Para delitos menores (con penas de hasta 3 años), se buscarán soluciones alternativas como la mediación.
Las penas: ¿Cuál es el máximo para un menor?
Uno de los puntos centrales del debate es la cuantía de las penas. El Dr. Torres fue tajante: «Por más terrible que sea el delito, como un femicidio, la pena máxima para un menor será de 15 años. Queda descartada la prisión perpetua para este grupo etario.» Esta limitación busca equilibrar la sanción con la capacidad de reinserción futura del joven.
Participación de las víctimas
Otro cambio sustancial es la posibilidad de que las familias damnificadas tengan un rol activo en el proceso. «Ahora se permite que la víctima se constituya como particular damnificado, algo que antes estaba vedado en muchos casos», detalló Torres. «Pueden participar junto al fiscal, aportar pruebas y conocer cada instancia del expediente, evitando ser doblemente damnificados».
El desafío de la infraestructura carcelaria
La implementación de la ley trae aparejado un desafío logístico de gran magnitud. El abogado advirtió sobre la necesidad de crear unidades penitenciarias específicas para menores. «No pueden estar en cárceles de mayores. Se necesitan espacios como el complejo Esperanza, pero con un abordaje especializado: trabajadores sociales, psicólogos. No es lo mismo tratar con un adulto que con un niño de 14 o 15 años, por más grave que sea el delito que haya cometido».
El caso resonante y la no retroactividad de la ley
Consultado sobre el mediático caso de Joaquín, donde el menor «L» fue el victimario, Torres fue claro sobre los tiempos de la justicia. «La ley no es retroactiva. En materia penal, siempre se aplica la ley más benigna para el imputado. Si un hecho ocurrió antes de la promulgación, se juzga con la ley anterior. Por eso, este caso concreto no se vería alcanzado por la nueva normativa, pero si el hecho ocurriera hoy, la pena sería de hasta 15 años.»
Un límite al delito inducido
Finalmente, el Dr. Torres contextualizó la necesidad social de la ley: «En las grandes ciudades, los mayores usaban a los menores para delinquir porque sabían que no pasaba nada. Esta ley empieza a poner límites para que los chicos no hagan lo que quieran y para proteger al ciudadano que se siente vulnerable».
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