Por Maximiliano Azcurra ✍️
La reciente confirmación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la condena a Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta en la causa Vialidad marca uno de los hitos más trascendentes y delicados en la historia democrática contemporánea de Argentina. No sólo por la figura en cuestión —dos veces presidenta de la Nación y actual referente política— sino por la tensión que revela entre el reclamo de justicia y el clima emocional que atraviesa al debate público.
La sentencia, que impone seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, absuelve a la exmandataria del delito de asociación ilícita. Sin embargo, reaviva un dilema nacional: ¿cómo se discute justicia en una sociedad dividida entre el fanatismo y la sospecha?
El proceso judicial fue seguido con atención extrema desde el primer día. Para muchos, se trató de la validación institucional de una década de corrupción sistemática. Para otros, de un nuevo capítulo del lawfare: la persecución judicial orquestada contra líderes populares mediante el uso político del Poder Judicial.
Este editorial busca apartarse de ambos extremos. La realidad judicial debe observarse con la seriedad que exige un Estado de derecho. La sentencia, de más de 1.600 páginas, expone pruebas concretas, pero también abre interrogantes sobre el equilibrio en la investigación, la independencia de los tribunales y el rol de los medios de comunicación en la presión social sobre la justicia.
En palabras de esta columna, “nadie, ni jueces, ni políticos, ni ciudadanos deberían sustituir con pasiones lo que sólo debe resolverse con pruebas”. Porque cuando la justicia se convierte en rehén del deseo de revancha o del blindaje partidario, pierde su capacidad de transformarse en motor de institucionalidad.
Más allá de Cristina, el juicio expone una estructura que permanece: la falta de transparencia, el escaso control en la obra pública y una débil cultura de rendición de cuentas. La causa Vialidad no debería leerse como un proceso personal, sino como una oportunidad de mostrar que en Argentina el poder también puede y debe ser juzgado.
Cerramos esta reflexión con un pedido que sintetiza la esperanza de muchos: “Que sea justicia con derecho, no con odio. Sólo así podremos construir una república donde la verdad no sea rehén de las pasiones.”